Según explicó, “las personas con discapacidad hemos recibido mucho más el impacto de la pandemia en cuanto a muertes, enfermedad y deterioro de las condiciones económicas y sociales, y no hemos recibido la prioridad que merecemos”.

 

“No es un privilegio lo que pedimos”, y aclaró que no querría “estar en la piel de quien deba elegir y priorizar en una situación como esta”. Sin embargo, indicó, “está claro el mayor daño” en este colectivo, por lo que defendió que “todas las personas con discapacidad, y en especial con algún problema relacionado con su salud, así como sus cuidadores, sean vacunadas en las próximas semanas”.

 

 

En su intervención, el presidente del CERMI propuso “un plan de choque con una serie de medidas muy concretas que se pueden implantar en poco tiempo” y que “permitirán mejorar las condiciones de vida” de las personas con discapacidad en una situación “tan complicada como la actual”.

 

“Les lanzo un SOS discapacidad”, dada la situación tan excepcional que vivimos, subrayó. Entre otras medidas, Pérez reclamó “la aprobación de un nuevo baremo de discapacidad, que es el instrumento que tiene la administración para determinar quién accede al sistema” y puede así recibir apoyos.

 

Este baremo, que data de 1999, “se ha quedado muy desactualizado y no recoge el enfoque social y de derechos que establece la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, explicó. Afortunadamente, "existe un amplio acuerdo entre las comunidades autónomas”, destacó, por lo que “es cuestión de voluntad política impulsarlo”.

 

Asimismo, reclamó una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal porque todavía quedan “más de 100.000 personas con discapacidad encerradas en sus domicilios por falta accesibilidad en sus inmuebles”.

 

En este sentido, reclamó “un proyecto específico” para abordar reformas “en estos alojamientos inaccesibles” dentro de los fondos de recuperación europeos destinados a España, que tendrían así un “enfoque social”.

 

El presidente de CERMI también pidió una regulación estatal de la figura del asistente personal, que está dirigida a las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo y que “es la más inclusiva dentro del catálogo de prestaciones recogidas en la Ley de la Dependencia”. Sin embargo, en la actualidad carece de “regulación y de soporte”, lo que “impide su generalización”, explicó.

 

También instó a a los parlamentarios tramitar y aprobar la Iniciativa Legislativa Popular para acabar con el copago en dependencia impulsada por el Cermi en 2015,y pidió que el proyecto de Ley sobre Accesibilidad Cognitiva “no se vacíe de contenido” en el Congreso. “Falta una regulación que dé soporte a esta accesibilidad”, señaló.

 

Asimismo, exigió una legislación estatal mínima que establezca el acceso a los bienes y servicios públicos, “pendiente desde 2005”, y denunció la ausencia de accesibilidad universal del teléfono 112.

 

 

Otras medidas propuestas por el CERMI fueron acabar con el límite de los 18 años en las prestaciones para aquellos padres con hijos con cáncer u otras enfermedades graves a cargo; impulsar una Estrategia Nacional contra el Suicidio (con un teléfono de atención); promover un Plan contra la Soledad No Deseada, e impulsar una macroencuesta que recoja estadísticas concretas sobre el impacto de la violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad, que es mucho más elevada que en el conjunto de la población general.

 

Finalmente, reclamó una financiación estable para el conjunto del tercer sector, pues “muchas de nuestras asociaciones aún se estaban recuperando de la crisis de 2008 cuando se encontraron con la Covid-19”. “Nos tememos que de las 8.000 entidades miembro de Cermi muchas desaparezcan o se queden en su mínima expresión”, advirtió.

 

En cuanto a la ley de educación, el presidente del CERMI propuso un reglamento de apoyo a la educación inclusiva “con planes, recursos y cronogramas concretos” de cara a su desarrollo.

 

También se refirió a ese “0,3% del texto” de la nueva Ley de Eutanasia que, a su juicio, aún puede resultar discriminatorio para las personas con discapacidad, “no por ánimo del legislador, sino por la existencia de prejuicios sociales”. Pidió así eliminar el término “imposibilitante” y dar una redacción alternativa a los supuestos de hecho”.